Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) instamos de nuevo a la Secretaria de Salud de Honduras (SESAL), para que elimine la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y apruebe el protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual.
“En Honduras la violencia sexual es una urgencia que requiere de un protocolo de atención integral, médica, psicológica y social, para las sobrevivientes. Sin este protocolo las consecuencias en la salud de las sobrevivientes son devastadoras”, alerta el doctor Marcelo Fernández, Jefe de Misión de MSF para México y Centroamérica.
A partir de 2014, MSF junto a otras organizaciones -como La Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Seguro Social Hondureño y el Instituto Nacional de la Mujer- ha participado en la mesa de trabajo para la aprobación de un protocolo de atención integral, dedicado a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras. Su aprobación está pendiente desde octubre de 2017 debido a que la PAE sigue prohibida y es parte esencial del protocolo.
A pesar de los continuos esfuerzos, la Secretaria de Salud no lo ha validado y ha pasado por alto lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en su Hoja Informativa que dice que: “Las PAE-LNG no interrumpen un embarazo en curso ni dañan un embrión en desarrollo. La evidencia disponible actualmente muestra que el uso de las PAE-LNG no impide que un huevo fecundado se implante en la capa que recubre la cavidad uterina. El principal mecanismo de acción de las PAE-LNG es bloquear o alterar la ovulación; su uso también puede impedir el encuentro del espermatozoide y el óvulo”.
La PAE, demanda la OMS, “debería integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar. Es más, la anticoncepción de urgencia debería integrarse en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual y los servicios dirigidos a mujeres y niñas que viven en entornos de emergencia o de ayuda humanitaria”.
Entre 2016 y junio de 2019, MSF atendió a 2.048 pacientes sobrevivientes de violencia sexual en Tegucigalpa: 51% menores de edad, 86% mujeres y 70% víctimas de violación. Según el Observatorio de Violencia de la UNAH entre 2009 y 2018, cada día en promedio 5 mujeres denunciaron violencia sexual.
“En un país como Honduras, donde la violencia sexual sigue siendo una problemática aguda, la salud de las mujeres corre peligro debido a que no cuentan con los servicios adecuados para evitar embarazos no deseados”, asegura el doctor Rafael Contreras, Referente Médico de MSF en Tegucigalpa.
A esta emergencia de salud, se le suma la de los embarazos adolescentes que continúan incrementándose. Según la Encuesta Nacional de Demografia y Salud, 1 de cada 4 adolescentes (entre los 15 y los 19 años) ha tenido un embarazo.
En los últimos tres años y medio, MSF atendió a 116 mujeres embarazadas que acudieron al servicio prioritario, especializado en la atención a sobrevivientes de violencia sexual. El 81% de ellas consideró que su embarazo fue producto de una violación. Éstos se hubieran podido evitar si la PAE no fuera prohibida en el país.
“Generalmente lo que uno identifica en los pacientes son trastornos de estrés, de ansiedad, de estrés postraumático o depresión, y en algunos casos intentos de suicidio”, agrega el doctor Contreras. “Las personas entran en un estado depresivo donde intentan quitarse la vida por haber sufrido este evento de violencia sexual y, además, se ven obligadas a tener un embarazo no deseado”.
Desde Médicos Sin Fronteras llamamos de nuevo a la Secretaria de Salud para que apruebe de forma inmediata el protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual a nivel nacional, e instamos a esta entidad y al Gobierno de Honduras para que elimine la prohibición de la PAE, ya que el medicamento es parte fundamental para la salud de las sobrevivientes de violencia sexual.
